La Plataforma por los Derechos Sociales del Bajo Aragón ha entregado este viernes 10.900 alegaciones contra el estudio de viabilidad del proyecto del nuevo Hospital de Alcañiz (Teruel), en un acto en el que han estado acompañados por los portavoces parlamentarios de PSOE e IU, Javier Sada y Patricia Luquin, la vicesecretaria general de Comunicación e Imagen de CHA, Ángela Labordeta, y miembros de Marea Blanca.
Han solicitado al Servicio Aragonés de Salud que prorrogue el plazo de presentación de alegaciones, que concluye este sábado. De las 10.900 alegaciones, unas 7.500 corresponden a ciudadanos del sector sanitario de Alcañiz.
En declaraciones a los medios de comunicación, a las puertas de la Gerencia del Salud, la representante de la plataforma Isabel Martínez ha afirmado que «esta es una lucha de todos los aragoneses para la defensa de la sanidad pública», advirtiendo de que si el nuevo hospital se levanta mediante la colaboración público-privada «empezaremos a privatizar la sanidad en Aragón».
Martínez ha subrayado que el personal no sanitario es tan importante como los facultativos y enfermeras, haciendo notar que en el cuidado de los pacientes influyen aspectos como «una alimentación en condiciones». Además, «nadie habla de los celadores».
Otro miembro, Alfredo Soldevilla, ha señalado que en el Bajo Aragón hay un «clamor popular» contra este proyecto y que para los vecinos «es casi una obligación moral» firmar las alegaciones. Ha hecho hincapié en que la privatización de los servicios administrativos repercutirá en la compra de los suministros.
También desde la plataforma, José María Andreu ha dejado claro que todos los vecinos de la comarca rechazan este proyecto, que es «el inicio de la privatización», agregando que «los ciudadanos quieren un modelo de sanidad pública y gratuita para todo el mundo».
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Ha criticado que se utilice el nuevo hospital alcañizano «como conejillo de indias». La plataforma ha pedido una reunión con el gerente del Salud, Ángel Sanz, «para que nos explique qué quieren hacer con el hospital», ha comentado Andreu, quien ha dicho también que un hospital que está presupuestado en 97 millones de euros va a costar un total de 561 millones hasta 2045.
En representación de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda-Zaragoza, Yolanda Sancho ha expuesto que, según un estudio realizado por la entidad, con una estructura financiera totalmente pública y un tipo de interés libre de riesgo del 3,5 por ciento, el ahorro respecto del modelo presentado por el Gobierno de Aragón sería de 120 millones de euros, es decir, que «lo que para unos es rentabilidad y beneficios para la ciudadanía es un coste».
DESMANTELAMIENTO
El portavoz sanitario del PSOE, Eduardo Alonso, Patricia Luquin y Ángela Labordeta han coincidido en afirmar que este proyecto supone el inicio del desmantelamiento de la sanidad pública aragonesa.
Alonso ha indicado a Europa Press que el PSOE le da a este conflicto una relevancia regional «porque es una experiencia que puede trasladarse» a otros ámbitos del Salud.
Patricia Luquin ha manifestado que «hay miles de personas en contra de la privatización» del hospital alcañizano, advirtiendo de que el coste, estimado en 561 millones, «significa hipotecar el presupuesto de Sanidad para los próximos años».
Luquin ha comparado esta iniciativa del Ejecutivo aragonés con el modelo valenciano, aseverando que «con la sanidad no se puede hacer negocio». Ha argumentado que los beneficios empresariales conllevan pérdidas en la calidad asistencial y las condiciones laborales de los trabajadores.
Ángela Labordeta ha indicado que «la sociedad corre el grave riesgo de que todo lo que hace el PP no tenga marcha atrás», añadiendo que los populares impulsan «otro concepto de sociedad», distinto a los valores, ética, las libertades y los derechos de la actualidad. Es necesario «decir alto y claro que no», ha aseverado.
