De pura verdad: la verdad sobre la depuración en Aragón (por Alfredo Boné, exconsejero de Medio Ambiente)

Desde 1993, el Gobierno central tenía pendientes de realizar casi todas las depuradoras de aguas residuales del Pirineo aragonés, declaradas de interés general. El Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD), aprobado por el Gobierno de Aragón en 2001, obligaba a “construir estaciones de tratamiento en todas las aglomeraciones urbanas de más de 1.000 habitantes equivalentes antes del año 2005 (…) y depurar antes del año 2015 la totalidad de las aguas residuales urbanas”. El Plan Aragonés reforzaba por tanto los objetivos europeos, que situaban el listón para el año 2005 en los 2.000 habitantes equivalentes, el doble que la planificación autonómica.
En 2003, desde el Gobierno de Aragón, tuvimos la responsabilidad de tomar una decisión muy importante: cogíamos el toro por los cuernos para cumplir las directivas europeas y la normativa vigente, o simplemente dejábamos que siguiera pasando el tiempo. Eran años duros, Aragón veía amenazados sus recursos de agua con el trasvase, y queríamos predicar con el ejemplo: no al trasvase y sí a la calidad de los ríos.
Ante la falta de financiación de los municipios, competentes en la materia, el Gobierno de Aragón decidió abordar el problema con rigor, valentía y amplitud de miras, por las múltiples vertientes y beneficios de la depuración: ambientales, sociales, territoriales, económicos y de generación de empleo. El presidente Marcelino Iglesias, el vicepresidente José Ángel Biel y todo el gobierno no dudamos en avalar un asunto muy complejo, al igual que realizó posteriormente la presidencia de Luisa Fernanda Rudi.
La depuración tenía y tiene derivadas importantes no solo para el medio ambiente, sino para la ordenación territorial, urbanismo, industria o fiscalidad autonómica, obligados como estabamos por Europa a recuperar los costes del agua y repercutirlos íntegramente en los usuarios mediante el principio de quien contamina paga.
Afrontar tamaño reto mediante los presupuestos ordinarios hubiese supuesto decenas de años. No llegábamos a tiempo. Europa amenazaba con sancionar a los países incumplidores, como se ha demostrado posteriormente: la Comisión ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que imponga a España una multa 46,5 millones de euros, más otros 171.217 euros diarios.
En 2004, el Gobierno de Aragón aprobó el Plan Especial de Depuración y, gracias al nuevo Estatuto de Autonomía de 2007, firmamos con la Administración General del Estado el hito que suponía que encomendaran a Aragón las obras de interés general, que estaban pendientes, insistimos, desde 1993. Así nació el Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés, adjudicado en 2011.
Los planes de obras se abordaron mediante el sistema concesional, un modelo tan público como cualquier otro, ya que siempre las competencias y el control siguen siendo públicos. La diferencia es que, en lugar de contratar unas obras públicas -con una empresa privada- y
después contratar el mantenimiento de esas obras públicas -con otra empresa privada-, se sacaba a concurso y se adjudicaba conjuntamente la construcción y la explotación durante 20 años.
La ventaja es que las concesionarias tenían que adelantar la inversión, en unos años de escasez presupuestaria y de restricciones al déficit permitido. Las concesionarias, de este modo, asumían todos los riesgos: cobrarían según la cantidad real de agua que tratasen en sus depuradoras, ni más ni menos, dimensionadas según las previsiones que los ayuntamientos trasladaban según su planeamiento urbanístico, en unos años de rápido crecimiento en toda España.
Fueron planes y proyectos muy analizados técnicamente. Estudios de viabilidad, memorias, informaciones públicas, visitas de campo, analíticas de agua, estudios geotécnicos, topografía de detalle de todos los servicios (movimientos de tierras, caminos, agua potable, telefonía, líneas eléctricas…), memorias de incidencia ambiental, estudios de impacto ambiental, arqueológico, paleontológico… En suma, proyectos técnicos sólidos, amparados por los servicios jurídicos y la intervención.
Hubo decenas de reuniones técnicas con ayuntamientos, diputaciones y comarcas. Los ayuntamientos, libremente, encomendaron las competencias al Gobierno de Aragón. Se liberaban de una carga y una responsabilidad que arrastraban nada menos que desde 1955, y Aragón se beneficiaba, en su conjunto, de la economía de escalas.
Como cualquier otro servicio público, el amplio territorio y la escasa y dispersa población hacen aumentar los costes respecto a otros territorios con grandes ciudades. Aun así, tal como muestran los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, el precio de la depuración en Aragón es meritoriamente similar al de toda España.
Los planes de depuración fueron un éxito colectivo de los aragoneses. En un tiempo récord, pasamos de una veintena de depuradoras a más de 200. Las obras de las 13 zonas técnicas en las que se dividió el Plan Especial se licitaron, adjudicaron y funcionan perfectamente. La OCDE consideró los planes aragoneses como caso de estudio, y fueron premiados en prestigiosos ámbitos internacionales.
Lamentablemente, la crisis financiera impidió que tres concesionarias del Plan Pirineos pudiesen acometer las actuaciones. Ése ha sido el problema: el de acceso a la financiación privada por parte de tres adjudicatarias. Hubo una posibilidad real de solucionarlo la pasada legislatura, mediante la financiación pública del Banco Europeo de Inversiones. Sin embargo, la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) evitó que esta solución pudiera materializarse, al pedir expresamente al Banco Europeo que no financiase las obras. Las denuncias que presentó esta misma asociación contra los planes fueron archivadas en autos contundentes.
Todas las actuaciones de depuración se afrontan en Aragón gracias al canon de saneamiento, actual Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). Aragón, a diferencia de otros territorios, repercute íntegramente las actuaciones en un impuesto único y específico, ecológico y solidario, que grava la producción de aguas residuales. En otras comunidades, durante tiempo, ha habido una ilusión fiscal: el ciudadano pagaba
menos directamente por el canon, pero acababa pagando lo mismo a través del resto de impuestos, entre todos los contribuyentes.
El ICA, con una tarifa igual para todos los aragoneses, es un elemento fundamental de solidaridad territorial: si cada municipio se pagase su depuradora, el gasto sería inasumible para los pequeños núcleos. La confusión interesada de considerar que el ICA es una tasa por depurar ha traído graves problemas. No es una tasa, es un impuesto, y no es por depurar, es por generar aguas residuales.
El convenio firmado en 2008, gracias al Plan Nacional de Calidad de las Aguas, permitió que Aragón recibiera una importante cofinanciación para actuaciones del ciclo del agua. Fueron más de 500 obras municipales: abastecimientos, redes de distribución, saneamiento, defensas de riberas, actuaciones de urgencia. Nadie podrá negar la importancia de las obras, acordadas siempre en la comisión de seguimiento entre el Ministerio y el Gobierno de Aragón. El amplio listado de actuaciones está disponible en la página web del Instituto Aragonés del Agua. Con luz y taquígrafos.
La comisión de investigación que aprobarán las Cortes de Aragón sobre las políticas públicas de depuración ha de verse como una oportunidad para explicar, recordar los argumentos, desmentir falsedades e infundios, romper silencios: decir la verdad, por parte de todos, en sesiones públicas, y extraer conclusiones sin apriorismos, desde el respeto, por el buen nombre de los amplios equipos que trabajaron en los planes y de quienes siguen sufriendo calumnias, sin perjuicio de los derechos que asisten para salvaguardar el honor frente a insidias.
En nuestro recuerdo cariñoso perdurarán los equipos técnicos del Instituto Aragonés del Agua, Sodemasa, Sarga, ayuntamientos y empresas. La enorme bola de nieve de imprecisiones y falsedades ha ido creciendo por motivos políticos evidentes, mezclando churras con merinas, buscando el titular fácil, aún a costa de la verdad, y utilizando el lógico y legítimo enfado de los ayuntamientos, molestos con las sanciones de los organismos de cuenca.
No les falta razón a los ayuntamientos a la hora de exigir soluciones. El problema no son las depuradoras construidas, sino las que faltan por construir: saber cómo y cuándo podrán acometerse, y si se podrán evitar nuevas sanciones europeas las que ya llevemos acumuladas en Aragón por los incumplimientos de 2015…
Ojalá que la comisión sea una oportunidad para arrojar luz públicamente sobre el futuro de la calidad de las aguas y los ríos de Aragón.
Zaragoza, 19 de abril de 2017
Alfredo Boné Pueyo, exconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón
Luis Marruedo Espeja, exviceconsejero y secretario general técnico de Medio Ambiente
Alfredo Cajal Gavín, exdirector del Instituto Aragonés del Agua