Consumo visita 84 clínicas dentales para comprobar el grado de cumplimiento de los derechos de los consumidores

domingo, 18 mayo , 2014 | Por | Categoria: Actualidad Local

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Se han vigilado aspectos como la publicidad de los precios, requisitos informativos en los centros, ausencia de cláusulas abusivas en los contratos o la transparencia en la financiación
Comprobar el grado de cumplimiento de los derechos de los consumidores en los servicios odontológicos de Aragón. Con esta finalidad, la dirección general de Consumo del departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia ha visitado 84 clínicas dentales.

Así, se ha considerado que con una colegiación en nuestra región que sobrepasa los 750 facultativos era importante valorar el grado de cumplimiento de la normativa de defensa de los usuarios de estos servicios a través de una campaña de inspección.

clínicas con más de un facultativo y franquiciados (64%).La campaña en cuestión se ha desarrollado durante los meses de marzo y abril de este año, visitando un total de 84 clínicas odontológicas (44 en Zaragoza, 20 en Huesca y 20 en Teruel) entre profesionales (33%) y

El cumplimiento global del sector es notable. Considerando el número total de apartados controlados sobre todos los establecimientos, ha habido un cumplimiento en conjunto del 73,16%.

Si bien el sector no dispone con carácter general de un listado de precios al uso debido, en parte, a la dificultad de estandarizar los tratamientos ya que éstos se adaptan individualmente a cada cliente, el 86,75% de los centros, y a demanda del propio consumidor, facilitan los precios de los diferentes servicios.

Los tratamientos suelen realizarse bajo presupuesto previo si bien la información previa sobre la posibilidad de pedir el presupuesto por escrito solamente se da en el 51,8 % de los centros visitados.

La totalidad de los centros y profesionales visitados ponían a disposición de los usuarios la dirección postal y el número de teléfono o fax o la dirección de correo electrónico para que el usuario pueda tanto atender las consultas así como poder interponer cualquier queja o reclamación sobre el servicio ofertado.

En lo relativo a las hojas de reclamaciones, el 87% de los odontólogos disponía de las hojas de reclamaciones de consumo como formulario oficial ante cualquier problema en la prestación del servicio. Solamente el 67,5% disponía del cartel anunciador de las mismas.

En relación a las facturas o justificantes de pago, la totalidad de los establecimientos visitados ofrecen al consumidor dicho documento constando, además, en el 99% toda la información obligatoria (identificación de la empresa, fecha, conceptos e importe desglosado con el IVA repercutido correspondiente).

Al realizar la presente campaña tanto sobre consultas de dentistas autónomos como en establecimientos con varios profesionales, marca comercial concreta o franquiciados, se consideró en estos últimos casos la importancia de conocer por parte del usuario al profesional que intervenía en cada ocasión, ofreciendo tal información solamente en el 54% de los establecimientos en los que intervenía más de un facultativo.

Al controlar la publicidad (solamente una de cada tres consultas visitadas disponía de publicidad) se constató que en todos los casos la oferta se ajustaba plenamente a todos los servicios contratados.

En el apartado de los contratos, apenas cuatro de cada diez establecimientos entregan al consumidor un documento con las condiciones en que se va a prestar el servicio. En relación a estos contratos, en ningún contrato se detectó la imposición de servicios no solicitados por el usuario o cualquier otra condición abusiva.

En relación a la forma de pago, solamente uno de cada tres profesionales especifica la forma de asunción del coste de los servicios.

Con todo ello, la dirección general de Consumo se ha mostrado satisfecha con las conclusiones de esta campaña y por la actitud colaborativa de los profesionales en lograr que los consumidores vean protegidos sus derechos en su relación con los servicios de odontología. El director general en la materia, Sergio Larraga, hace un alegato a “la responsabilidad de los ciudadanos en sus decisiones de consumo, evitando que cualquier profesional realice su actividad sin facturarnos el servicio o sin justificar su colegiación; la actuación de un intrusista, aparte de poder causarnos serios problemas de salud, hace muy compleja la actuación de la administración en la defensa de sus derechos”.

El ciudadano y sus derechos

Los aragoneses disponen de múltiples canales para resolver cualquier problema que les afecte en su relación de consumo, desde el teléfono gratuito 900 12 13 14, hasta las consultas por Internet o presenciales en las diferentes oficinas del Gobierno de Aragón a las que habría que sumar la red de oficinas comarcales de atención al consumidor y las propias asociaciones de consumidores radicadas en nuestra comunidad.

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