El Ejecutivo remite a las Cortes de Aragón el proyecto de ley del Patrimonio de Aragón

Martes, 22 Junio , 2010 | Por | Categoria: Cultura

El consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley del Patrimonio de Aragón, que sustituirá la Ley 5/1987, de 2 de abril de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón

El Consejo de Gobierno, en la reunión que ha celebrado esta mañana, ha acordado remitir a las Cortes, para su posterior aprobación, el proyecto de ley del Patrimonio de Aragón con el objetivo de sentar las bases normativas para la formulación y desarrollo de una política global reguladora de los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma de Aragón y hacer posible la modernización de la gestión patrimonial.

El artículo 113 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece que la Comunidad autónoma dispondrá de su propio patrimonio, integrado por todos los bienes y derechos de los que sea titular, así como que “una ley de Cortes de Aragón regulará el régimen jurídico del patrimonio de la Comunidad Autónoma, así como su administración, conservación y defensa”.

En este sentido, el régimen jurídico que, en la actualidad, regula el patrimonio de Aragón es el que resulta del Decreto Legislativo 2/200, de 29 de junio del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, que, a su vez, fue objeto de modificación parcial por Ley 26/2003, de 30 de diciembre de Medidas Tributarias y Administrativas. El Decreto 2/2000 recogió, sin innovar, el contenido de la Ley 5/1987, de 2 de abril de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, incorporando únicamente las modificaciones especialmente en materia de sucesión intestada, que se había producido desde su promulgación.

No obstante el diferente contexto histórico y circunstancias adicionales han hecho preciso una adaptación de la Ley como consecuencia fundamentalmente de los siguientes factores:
– Desde 1987 se ha completado el proceso de transferencias a la Comunidad Autónoma, evidenciando la necesidad de disponer de nuevos instrumentos normativos que posibiliten una gestión más eficaz de los cada vez mayores recursos públicos de Aragón.
– En los últimos diez años se ha producido un notable incremento de la actividad empresarial de la Administración de la Comunidad Autónoma mediante la creación de empresas propias y la participación en sociedades mercantiles de interés, como consecuencia de lo cual se hace necesario modificar la legislación vigente.
– La promulgación de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que recoge preceptos básicos, y otros de aplicación general, que deben ser incorporados a la legislación reguladora del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, al igual que han hecho ya comunidades como Canarias, Cantabria, Navarra, La Rioja o el País Vasco, entre otras.

Con el fin de adaptar la ley aragonesa a las nuevas circunstancias, el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo ha propuesto un texto que tiene en cuenta los anteriores factores, sentando las bases normativas para la formulación y desarrollo de una política global reguladora de los bienes y derechos de la Comunidad Autónoma de Aragón, contribuyendo, en definitiva, a la modernización de la gestión patrimonial.

El anteproyecto de ley se estructura en siete Títulos, once Disposiciones Adicionales, dos Transitorias, una Derogatoria y dos Finales.

El Título primero de la ley se destina a las disposiciones generales, precisando el ámbito y la aplicación de las mismas, las competencias más destacadas en relación con el Patrimonio de Aragón y las reglas sobre convenios patrimoniales y urbanísticos. Se han establecido, sin embargo, algunas excepciones parciales al régimen unitario del Patrimonio de Aragón, tanto por razones objetivas, que llevan a mantener los regímenes vigentes característicos de los patrimonios viario, agrario, forestal, de suelo y vivienda, y universitario de la Comunidad Autónoma; como por razones subjetivas, que conducen a mantener algunas limitadas singularidades en relación con los patrimonios de las entidades de derecho publico de la Administración de la Comunidad Autónoma.

El Título segundo incluye los modos y procedimientos de adquirir y transmitir los bienes y derechos del Patrimonio de Aragón. Se sigue manteniendo en sus mismos términos el régimen de sucesión legal que figura en la Ley de Aragón de Sucesiones por Causa de Muerte, con completa remisión a lo establecido en la misma.

El Título tercero comprende las reglas relativas a la protección y defensa del Patrimonio de Aragón: deberes de conservación y colaboración, el Inventario General del Patrimonio de Aragón, cuestiones sobre la práctica de la inscripción registral y las diversas potestades para la defensa del Patrimonio de Aragón.

En el Título cuarto se establece el régimen del tráfico de derecho público de los bienes y derechos del Patrimonio de Aragón, comprendiendo la afectación y la desafectación, las mutaciones demaniales, la adscripción, la desadscripción y la incorporación.

El Titulo quinto se dedica al régimen de utilización de los bienes y derechos del Patrimonio de Aragón, estableciendo, por lo que respecta al dominio público, la necesidad de disponer de título habilitante y regulando las autorizaciones y concesiones demaniales. Asimos, se establecen normas específicas respecto al uso de los edificios administrativos, destacando la previsión de programas de actuación y planes de optimización con el objetivo de promover un uso más eficiente de estos inmuebles. Respecto al uso del dominio privado, se establece la competencia en el departamento responsable en materia de patrimonio.

En el Título sexto se contiene la regulación del patrimonio empresarial de la Comunidad Autónoma, estableciéndose un régimen jurídico que posibilita el empleo normal de las empresas públicas conforme a la regla del Estatuto de Aragón que permite la creación de un sector público propio pero subordinándolo a las otras dos reglas estatutarias que exigen indeclinablemente la conexión de las empresas públicas con las funciones públicas y el respeto a la competencia del Gobierno de Aragón para su creación.

Como novedad en la regulación de la materia, se ha establecido con la amplitud necesaria el concepto de “sociedad mercantil autonómica” a fin de permitir el exacto control público del sector empresarial de la Comunidad Autónoma. Asimismo, para el desarrollo de las funciones de control de la Administración de la Comunidad Autónoma sobre el sector empresarial, se han perfilado las figuras del “departamento o entidad de gestión” y del “departamento de tutela”.

En el Título séptimo se ha regulado la potestad administrativa de exigir la reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados en el Patrimonio de Aragón, incluyendo la definición de los obligados, el alcance de la reparación, el procedimiento y otras cuestiones. La novedad de la regulación estriba en que se descarta el establecimiento de un régimen sancionador genérico para la protección del Patrimonio de Aragón, habida cuenta de los problemas observados en la materia, que determinan la generación de sistemas sancionadores administrativos en parte coincidentes con el régimen penal de aplicación preferente y en parte carentes de adecuados fundamentos para su viabilidad.

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