Varios Tribunales:Condenado a 16 años el trabajador que asesinó a su jefe en Mequinenza.Escó y el exgerente firmaron los pagarés sin informar al consejo del día siguiente

jueves, 20 marzo , 2014 | Por | Categoria: Aragón

Óscar Molina Valle, el trabajador acusado de asesinar a su jefe en Mequinenza, pasará 16 años y tres meses en prisión. Así lo ha sentenciado el magistrado presidente del Tribunal de Jurado que le juzgó la semana pasada en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Los nueve hombres y mujeres del pueblo elegidos para este caso declararon culpable a este joven que disparó por la espalda al empresario catalán Jordi Milian y después lo remató cuando ya estaba moribundo en el suelo. El Jurado se basó en el informe realizado por los especialistas del Instituto de Medicina Legal de Aragón y en la declaración del agente de la Guardia Civil experto en criminalística que inspeccionó el lugar de los hechos.

El crimen tuvo lugar en una nave industrial situada en el paraje denominado como Monegre. Allí, según las acusaciones, comenzaron a discutir Jordi Milian y Óscar Molina Valle cuando, de repente, Jordi Milian se agachó al suelo. En ese momento el procesado acercó la pistola a la espalda de la víctima y le pegó un tiro que le provocó el estallido de la masa intestinal. Instantes después, el procesado volvió a dispararle en el pómulo izquierdo, quedando el proyectil en el interior del cráneo de Jordi Milian.

El cuerpo sin vida del empresario fue encontrado por la pareja sentimental de la víctima, quien acudió más de cuatro horas después y que, inmediatamente, llamó a la Guardia Civil.

Tras los hechos, Óscar Molina Valle abandonó inmediatamente la escena del asesinato, llevándose el arma, unas llaves de la casa de Tarrasa del fallecido, así como un vehículo con el que huyó hasta Rubí (Barcelona). No tenía permiso de conducir.

El juez José Ruiz Ramo señala en su sentencia, a la que ha tenido acceso ARAGÓN PRESS, que el Jurado tenía “una contundente prueba de cargo suficiente” contra el acusado que obligó a la defensa en sus conclusiones definitivas, pese a sostener inicialmente su absolución, ofrecer como alternativa que los hechos eran constitutivos de homicidio, aunque con la concurrencia de determinadas eximentes o atenuantes, que no fueron apreciadas.

La única que sí se estimó fue la de confesión que, aunque no fue en el momento de los hechos, sí fue días más tardes ante la Guardia Civil. El magistrado señala puede obviarse el requisito cronológico de haber confesado el culpable su infracción antes de la apertura del procedimiento, siempre que la contribución del procesado a los fines de la investigación haya sido eficiente.

En la imagen, Carlos Escó

En la imagen, Carlos Escó

Escó y el exgerente firmaron los pagarés sin informar al consejo del día siguiente

Según informan en el Periodico de AragónE. Bayona y F:Mantecón,ni el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, ni el exconsejero delegado de la compañía pública, Carlos Escó, informaron al consejo de administración de la plataforma logística en su sesión del 16 de diciembre de que la víspera habían firmado los cuatro pagarés por 8,7 millones de euros a favorde Codesport, la empresa de Agapito Iglesias, por las obras de las naves de Autocity.

 

Según recoge el acta de esa reunión del consejo, García Becerril asistió “por indicación del presidente” –Alfonso Vicente, consejero de Obras Públicas–, mientras que Escó lo hizo en su condición de consejero delegado de la empresa pública. Estuvieron presentes en la reunión, además de Vicente, el consejero de Economía, Alberto Larraz; el de Medio Ambiente, Alfredo Boné; la de Ciencia y Tecnología, Maite Verde; la concejala zaragozana Isabel López; los altos cargos de la DGA y sus compañías José Luis Abad y Agustín García Inda y los representantes de las cajas Francisco Bono –hoy consejero de Economía– y José Luis Rodrigo.

 

En el acta de la reunión no aparece una sola referencia a los pagarés. Ni siquiera en el apartado de ruegos y preguntas, cuyo único contenido fue una referencia del presidente de Plaza a la visita que habían realizado al complejo logístico los miembros de la Comisión de Obras Públicas de las Cortes de Aragón.

 

FECHAS

 

Los pagarés fueron suscritos por Escó y García Becerril dos semanas después de que, el 1 de diciembre, Codesport presentara cuatro facturas de 879.270 euros por “modificados”, de 1.775.177 y de 1.975.589 por “revisión precios” y de 2.904.567 por “sobrecostes”. Sumaban 7.534.603 euros, que con un IVA del 16% se elevaban a 8.740.139.

 

Los cuatro pagarés sumaban esa última cifra. Uno de 1.019.953 euros vencía el 1 de junio del 2009, mientras que la fecha límite de canje de los otros tres –de 2.059.205, 2.291.683 y 3.369.297 euros– se situaba exactamente un año más tarde.

 

Escó explicó en su declaración como imputado por este asunto que no se había percatado de que el último superaba la cifra de tres millones de euros, para la que inicialmente admitió carecer de autorización aunque su abogado –Juan Monclús– sostiene que sí podía firmar por encima de esa cantidad, mancomunadamente con García Becerril, como consecuencia de una habilitación específica del consejo.

 

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, mantiene imputados a Escó y Becerril, a los que atribuye indiciariamente un delito de administración desleal y otro de malversación; a Iglesias, al que considera sospechoso de cooperar con ellos y señala como presunto autor de una estafa, y al exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez. Investiga si el sobrecoste de las obras –adjudicadas por 14 millones y liquidadas por 32 tras una modificación– incluyó actuaciones delictivas.

 

SIN CERTIFICACIÓN

 

Las facturas contra las que fueron emitidos los pagarés, todas conformadas por García Becerril, carecen de certificaciones de obra que las sustenten documentalmente. Pérez aseguró en su declaración como imputado que no pasaron por su mesa, ya que, al estar entregadas las naves, los técnicos de Plaza no tenían nada que certificar.

 

El informe pericial que Plaza presentó junto con la denuncia que originó la apertura de las diligencias cifra en 7,6 millones –serían 8,7 con el IVA– el precio pagado de más por Plaza por las naves de Autocity, aunque reduce a 6,65 millones la parte “incongruente” de esa “certificación complementaria” presentada por modificaciones, revisiones de precios y sobrecostes.

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone